La principal diferencia entre un defensor público y un abogado privado es el hecho de que uno es designado por el gobierno estatal o federal y no le cuesta un centavo al acusado, mientras que el otro es elegido y pagado por el acusado. Puede pensar que la elección es obvia, pero lo que es gratis no siempre es mejor. El viejo dicho "obtienes lo que pagas" suena cierto, especialmente cuando